El Tribunal Supremo de Italia —Corte di Cassazione— ha programado una audiencia histórica para el 13 de enero de 2026 a las 10:00 horas, en el Aula Magna de Roma. En esa instancia, las Sezioni Unite, máxima autoridad de la justicia civil italiana, analizarán los casos núm. 18354/2024 y 18357/2024, presentados por el abogado Marco Mellone, doctor en derecho y autor de obras especializadas en ciudadanía italiana.
Ambos expedientes involucran a familias italoamericanas a quienes se les negó el reconocimiento de la ciudadanía con base en la antigua Ley N.º 555/1912, y fueron elevados a las Sezioni Unite por la relevancia jurídica y social de los temas tratados.
El eje central del juicio será la validez retroactiva del Decreto-Ley N.º 36/2025, convertido en Ley N.º 74/2025, que impuso nuevas restricciones al reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis. Aunque los casos fueron iniciados antes de la entrada en vigor de la norma, el tribunal evaluará si puede aplicarse a solicitudes previas, invocando el principio de ius superveniens (norma superviniente).
Además, se discutirá la vigencia del artículo 12.2 de la Ley 555/1912, que prevé la pérdida automática de la ciudadanía italiana por parte de menores cuando sus padres adquieren otra nacionalidad. El tribunal analizará si esta pérdida, considerada involuntaria, es constitucional, especialmente en los casos en que el menor nació con la nueva nacionalidad.
Aunque estos casos no están directamente vinculados al expediente que actualmente examina el Tribunal de Turín —previsto para revisión constitucional en los primeros meses de 2026—, abordan cuestiones centrales sobre la pérdida, continuidad y legitimidad del vínculo ciudadano, con implicancias que podrían extenderse a miles de solicitantes en todo el mundo.
Este escenario refuerza la importancia de documentar cada etapa del trámite, preservar las fechas de inicio y sostener una estrategia jurídica clara, especialmente para quienes iniciaron antes del 28 de marzo de 2025.
leer nota: Un tribunal italiano se pronuncia en enero sobre la validez retroactiva de la norma de ciudadanía
