Desde una perspectiva estrictamente consultiva, nuestro equipo profesional recomienda esperar el fallo previsto para el 11 de marzo de 2026 antes de iniciar cualquier acción judicial. No es una sugerencia improvisada, sino el resultado de un análisis costo–beneficio aplicado al escenario actual. En este momento, la variable crítica no es la voluntad de litigar, sino la calidad de la información disponible para tomar decisiones que tengan sentido en el mediano plazo.
Iniciar un juicio hoy implicaría asumir gastos y compromisos procesales que podrían resultar innecesarios, especialmente considerando que aún persiste una incertidumbre significativa respecto de lo que la Corte Constitucional resolverá sobre la Ley 74/2025. La incertidumbre no es un detalle menor: desconocemos si la Corte declarará la ley parcialmente inconstitucional, si limitará los efectos a los casos ya iniciados, o si devolverá el tema al Parlamento para una reformulación legislativa. En cualquiera de esos escenarios, el impacto práctico para quienes aún no han litigado podría ser limitado o incluso nulo en el corto plazo. Por eso, avanzar de manera anticipada supone un riesgo económico y procesal que, a criterio de nuestro equipo, no se justifica en esta etapa.
Nuestra postura, por lo tanto, no debe interpretarse como pasividad, sino como una forma de gestión del riesgo. La prudencia no es inmovilidad: es la capacidad de esperar el momento adecuado para actuar con información completa, evitando decisiones apresuradas que podrían volverse innecesarias en cuestión de meses. En un contexto donde la claridad jurídica es un recurso escaso, preferimos priorizar la eficiencia, la racionalidad y la coherencia estratégica. Esa es la lógica que orienta nuestra recomendación. En definitiva, esperar no es sinónimo de inmovilidad, sino de estrategia. En un escenario donde la incertidumbre jurídica todavía domina, la prudencia se convierte en una forma de acción: elegir no precipitarse, administrar los recursos con inteligencia y reconocer que el tiempo también es una herramienta de gestión. El 11 de marzo de 2026 marcará un punto de inflexión, y allí se abrirá un nuevo mapa de certezas. Hasta entonces, nuestra decisión es clara: observar, analizar y mantener la coherencia. Porque en materia de ciudadanía —como en tantos otros ámbitos— no siempre avanza más quien se adelanta, sino quien sabe cuándo dar el paso justo.
Dicho esto, recomendamos tener lista la carpeta documental para avanzar llegado el momento. Contar con los antecedentes organizados, las constancias traducidas y los elementos probatorios preparados permite actuar con rapidez y precisión apenas se defina el nuevo escenario. No se trata de litigar antes de tiempo, sino de estar listos para hacerlo sin demoras cuando el contexto lo justifique.