La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de Portugal, que declaró inconstitucionales varios artículos de la nueva ley de inmigración, no solo protege derechos fundamentales como la reunificación familiar y la seguridad jurídica: también envía un mensaje claro a Europa. Los derechos históricos no se negocian.
Este fallo, que vetó restricciones regresivas impulsadas por el Parlamento portugués, refuerza una tendencia que ya se vislumbra en Italia. En julio de 2025, la Corte Constitucional italiana reafirmó que el vínculo de sangre con un ciudadano italiano es suficiente para adquirir la ciudadanía, sin necesidad de demostrar vínculos culturales o territoriales. La sentencia 142/2025 marcó un antes y un después.
Ambos fallos, aunque emitidos en contextos distintos, comparten una visión: la ciudadanía no es una concesión política, sino una expresión legítima de memoria, identidad y continuidad familiar.
Como asesor en procesos de ciudadanía italiana y gestión documental internacional, celebro esta convergencia jurídica. No se trata solo de leyes: se trata de personas, de historias familiares que cruzan océanos, de derechos que merecen ser reconocidos sin dilaciones ni obstáculos artificiales.
Hoy más que nunca, los descendientes italianos en Argentina, Brasil, EE.UU. y tantos otros países pueden mirar a Europa con esperanza fundada. Los tribunales constitucionales están escuchando. Y están actuando.
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