Una investigación judicial en curso en los municipios de Borrello y Montebello sul Sangro (Abruzzo) reveló el funcionamiento de redes dedicadas al reconocimiento irregular de la ciudadanía italiana por descendencia. Según la Fiscalía de Lanciano, se detectaron prácticas ilícitas que incluyeron residencias ficticias, pagos en efectivo, favores personales e intercambio de apoyo político, con el objetivo de simular arraigo territorial y obtener la ciudadanía por vía administrativa.
El operativo, coordinado por las fiscales Mirvana Di Serio y Miriana Greco, con apoyo de los Carabineros de Atessa, identificó dos estructuras independientes que operaban con ciudadanos argentinos y brasileños desde 2022 y 2023 respectivamente. Estas organizaciones ofrecían domicilios simulados en propiedades vacías, casas de miembros y alojamientos turísticos, vulnerando los principios de legalidad y transparencia que deben regir todo proceso de reconstrucción ciudadana.
Casos como este han sido instrumentalizados por el Estado italiano como justificación directa para impulsar la reforma de la ley de ciudadanía, hoy convertida en la Ley 74/2025. El discurso oficial se centró en la necesidad de proteger la “italianidad” frente a abusos, pero en la práctica la reforma limita derechos adquiridos, recorta el acceso por iure sanguinis y promueve la naturalización como vía principal.
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