La reforma de la Ley 91/1992, con la introducción del artículo 3‑bis en 2025, ha cambiado radicalmente el acceso a la ciudadanía italiana iure sanguinis. Desde entonces, miles de descendientes de italianos en el extranjero se preguntan si todavía vale la pena iniciar un juicio para obtener el reconocimiento de su derecho.
⚖️ Un escenario sin precedentes
Hoy no existe jurisprudencia firme: los tribunales ordinarios han elevado cuestiones de constitucionalidad, pero la decisión definitiva está en manos de la Corte Costituzionale, que celebrará audiencia el 9 de junio de 2026. A su vez, la Corte di Cassazione tiene previsto pronunciarse en abril de 2026 sobre casos conexos, una instancia igualmente decisiva porque podría anticipar criterios interpretativos sobre la aplicación del artículo 3‑bis. Este doble calendario judicial genera un vacío: cada juez puede aplicar la nueva ley, dictar sentencias negativas ajustadas a la reforma, o incluso conceder reconocimientos que luego podrían ser apelados por el Estado
🤔 La incredulidad de los solicitantes
No es extraño que los clientes estén incrédulos e indecisos. Iniciar un juicio ahora significa:
- Asumir riesgo procesal: una sentencia favorable puede ser apelada; una negativa puede consolidar la aplicación de la reforma.
- Invertir recursos sin certeza: el camino judicial es largo y costoso, y la falta de precedentes genera desconfianza.
- Esperar la reacción del Estado: incluso con fallo positivo, el Ministerio del Interior puede demorar o cuestionar la ejecución.
🌍 Una decisión estratégica
Los estudios jurídicos que aconsejan iniciar cuanto antes lo hacen pensando en posicionar a los demandantes dentro del debate constitucional. Sin embargo, la prudencia de quienes prefieren esperar la decisión de la Corte también es legítima. En definitiva, se trata de una decisión estratégica y personal:
- Quienes buscan rapidez y están dispuestos a asumir incertidumbre pueden litigar ya.
- Quienes priorizan seguridad pueden esperar el pronunciamiento constitucional.
Conclusión
La incredulidad de los solicitantes no es falta de confianza en el derecho, sino reflejo de un momento histórico: estamos en el umbral de una definición que marcará el futuro de la ciudadanía italiana por descendencia. Abril y junio de 2026 serán meses decisivos: primero la Corte di Cassazione, que podría anticipar criterios interpretativos sobre la reforma, y luego la Corte Costituzionale, llamada a pronunciarse sobre su legitimidad. Hasta entonces, la duda seguirá siendo parte del proceso, pero también la esperanza de que el principio del iure sanguinis encuentre nuevamente su equilibrio en el marco constitucional italiano.