El próximo 9 de junio de 2026, la Corte Costituzionale italiana celebrará una audiencia pública que promete marcar un antes y un después en el derecho de ciudadanía. Lo que inicialmente era un examen de la ordenanza del Tribunal de Mantova, ahora se amplía a tres casos distintos, incluyendo dos ordenanzas del Tribunal de Campobasso (n. 40/2026 y n. 41/2026).
El corazón del debate
El punto central es el artículo 3-bis de la Ley 91/1992, introducido por el Decreto-ley 36/2025 y convertido en la Ley 74/2025. Esta reforma ha restringido el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis, afectando directamente a descendientes de italianos en el extranjero.
La pregunta clave que la Corte deberá responder es: ¿Es constitucional limitar el derecho de sangre, incluso para quienes ya habían iniciado o tenían expectativa legítima de reconocimiento?
La decisión no solo afectará a Italia:
- Argentina, Brasil y otros países con fuerte emigración italiana siguen con atención este proceso, ya que miles de familias dependen del reconocimiento iure sanguinis.
- Una eventual declaración de inconstitucionalidad abriría nuevamente la vía para solicitudes sin las restricciones de 2025.
- Si la Corte confirma la constitucionalidad, se consolidará un cambio estructural que redefine el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia.
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