La postura del gobierno de responsabilizar a gestores y abogados por los problemas en los procesos de ciudadanía italiana es, sin duda, una posición polémica. Atribuirles la culpa de manera indiscriminada no solo es injusto para los profesionales que trabajan de manera ética y legal, sino que también ignora las deficiencias estructurales que realmente obstaculizan el acceso a la ciudadanía.
En el ecosistema de los trámites de ciudadanía, existe una amplia gama de profesionales que cumplen un rol fundamental en ayudar a los solicitantes a comprender y completar los procedimientos correctamente. Muchos de ellos operan con transparencia y apego a la normativa, guiando a los italodescendientes a través de un proceso que, de por sí, es altamente burocrático y confuso. La existencia de gestores y abogados no debería verse como un problema, sino como una solución para quienes enfrentan dificultades en la interpretación de leyes cada vez mas confusas , recopilación de documentación y un laberinto administrativo cada vez más Inaccesible.
El verdadero obstáculo radica en la falta de claridad legislativa y en cambios abruptos en la normativa, como el Decreto Tajani, que han generado incertidumbre y, en algunos casos, dejado a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. La burocracia, lejos de ser un mecanismo de control eficiente, muchas veces se convierte en una barrera injusta que impide el acceso legítimo de los italodescendientes a su derecho de ciudadanía. En lugar de buscar responsables externos, sería más efectivo que el gobierno enfocara sus esfuerzos en mejorar la accesibilidad, la transparencia y la eficiencia de los procesos, evitando que solicitantes queden atrapados en un sistema ambiguo y poco predecible.
Para lograr soluciones reales, es necesario un análisis profundo de los desafíos que enfrentan los solicitantes y una reformulación de las políticas de ciudadanía que prioricen la justicia y la coherencia jurídica. Además, se deberían establecer mecanismos que distingan a los profesionales que operan con ética de aquellos que realmente incurren en malas prácticas, en lugar de generalizar acusaciones que deslegitiman a todo un sector que cumple un rol clave en el proceso.